Cita:
Bueno, creo que esta nota nos pone cara a cara con una situación que amuchas persnas, empresas y gobiernos no desean ni siquiera pensar, ¿Acaso nuestra civilización se ha vuelto demaciado dependiente de Internet? en ese caso, creo que la red comienza a esclavisarnos, si un simple corte en el suministro del servicio de Internet puede representar una tragedia para algunas personas, creo que no estamos llendo por un buén camino.La interrupción del servicio de Fibertel durante el día de ayer por una falla en el servidor central, que dejó a miles de usuarios sin Internet, nos permite reflexionar sobre la omnipresencia de la red de redes en nuestras vidas. ¿Cuánto daño puede generar a un país un día sin Internet? ¿Debe el Gobierno preocuparse por este tipo de problemas?
¿Qué nos pasaría si por todo un día no tenemos Internet? Si bien un enorme porcentaje de la población aún no conoce este término, y otro aún mayor no hace uso habitual de este servicio, son muchos los que pasan prácticamente el día entero trabajando y comunicándose con una computadora, sensibles a bajas velocidades de transferencias de datos y a posibles cortes de servicio.
Testigos de esta situación -probablemente muchos de los que están leyendo esta nota- fueron ayer los clientes de la empresa Fibertel, luego de que por la mañana se interrumpa el servicio por una falla originada en el servidor central de la compañía. ¿Qué repercusiones generó esta desconexión? ¿Cuánto daño puede generar a un país un día sin Internet? ¿Debe el Gobierno preocuparse por este tipo de problemas?
Más allá del caso puntual, problemas de equipamiento ocurren y ocurrirán. Por eso no es equivocado pensar en cómo el Gobierno debe involucrarse -y con profundidad- en los problemas relacionados al acceso a Internet. En Argentina el origen de esta discusión puede situarse hace más de dos años, cuando por una decisión comercial las empresas Advance, Telecom, Prima e Impsat redujeron la capacidad de sus enlaces al NAP CABASE, ya que se sintieron perjudicadas por el libre intercambio de tráfico en el NAP (National Access Point), en aquél momento punto responsable por la casi totalidad del tráfico de Internet generado desde el país. La polémica estaba en que los diferentes proveedores de Internet del país se interconectaban gratuitamente a este punto para así poder brindar el servicio a sus clientes, aunque las principales inversiones en infraestructura para mantener el NAP provenían de las multinacionales.
La situación provocó rápidamente un gran descontento en los usuarios por las bajas tazas de velocidad, y por primera vez tomó relevancia una pregunta que aún genera dudas: ¿Quién debe actuar desde el Gobierno para resolver este complejo problema? La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación analizó su intervención, aunque parecía más sensato que la discusión recaiga en la Secretaría de Comunicaciones. Ante los hechos este medio abría la pregunta: ¿Quién es responsable?.
Lo ocurrido en el 2004 pareció un punto de partida para las negociaciones que hoy mantienen las empresas de telecomunicaciones con el Gobierno, en vistas a una nueva Ley de Telecomunicaciones que contemple el nuevo escenario tecnológico, en el que los límites entre los datos, la voz y el video parecen esfumarse rápidamente. ¿Cómo pasará a actuar el Gobierno a partir de la nueva ley? La respuesta tardará en llegar, ya que no sólo en Argentina sino también a nivel internacional este mercado sigue en ebullición. "Lo peor que puede pasar es que esto se resuelva sin ningún tipo de debate, porque entonces es el terreno de los lobbistas", había dicho a este medio Guillermo Mastrini, director de la carrera Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Adjunto Regular a cargo de la cátedra Política y Planificación de la Comunicación (ver entrevista).
¿Qué nos pasaría si por todo un día no tenemos Internet? Si bien un enorme porcentaje de la población aún no conoce este término, y otro aún mayor no hace uso habitual de este servicio, son muchos los que pasan prácticamente el día entero trabajando y comunicándose con una computadora, sensibles a bajas velocidades de transferencias de datos y a posibles cortes de servicio.
Testigos de esta situación -probablemente muchos de los que están leyendo esta nota- fueron ayer los clientes de la empresa Fibertel, luego de que por la mañana se interrumpa el servicio por una falla originada en el servidor central de la compañía. ¿Qué repercusiones generó esta desconexión? ¿Cuánto daño puede generar a un país un día sin Internet? ¿Debe el Gobierno preocuparse por este tipo de problemas?
Más allá del caso puntual, problemas de equipamiento ocurren y ocurrirán. Por eso no es equivocado pensar en cómo el Gobierno debe involucrarse -y con profundidad- en los problemas relacionados al acceso a Internet. En Argentina el origen de esta discusión puede situarse hace más de dos años, cuando por una decisión comercial las empresas Advance, Telecom, Prima e Impsat redujeron la capacidad de sus enlaces al NAP CABASE, ya que se sintieron perjudicadas por el libre intercambio de tráfico en el NAP (National Access Point), en aquél momento punto responsable por la casi totalidad del tráfico de Internet generado desde el país. La polémica estaba en que los diferentes proveedores de Internet del país se interconectaban gratuitamente a este punto para así poder brindar el servicio a sus clientes, aunque las principales inversiones en infraestructura para mantener el NAP provenían de las multinacionales.
La situación provocó rápidamente un gran descontento en los usuarios por las bajas tazas de velocidad, y por primera vez tomó relevancia una pregunta que aún genera dudas: ¿Quién debe actuar desde el Gobierno para resolver este complejo problema? La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación analizó su intervención, aunque parecía más sensato que la discusión recaiga en la Secretaría de Comunicaciones. Ante los hechos este medio abría la pregunta: ¿Quién es responsable?.
Lo ocurrido en el 2004 pareció un punto de partida para las negociaciones que hoy mantienen las empresas de telecomunicaciones con el Gobierno, en vistas a una nueva Ley de Telecomunicaciones que contemple el nuevo escenario tecnológico, en el que los límites entre los datos, la voz y el video parecen esfumarse rápidamente. ¿Cómo pasará a actuar el Gobierno a partir de la nueva ley? La respuesta tardará en llegar, ya que no sólo en Argentina sino también a nivel internacional este mercado sigue en ebullición. "Lo peor que puede pasar es que esto se resuelva sin ningún tipo de debate, porque entonces es el terreno de los lobbistas", había dicho a este medio Guillermo Mastrini, director de la carrera Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Profesor Adjunto Regular a cargo de la cátedra Política y Planificación de la Comunicación (ver entrevista).
Saludos.
