Mucho se ha hablado sobre el polémico acuerdo entre el Gobierno de Chile (a través del Ministerio de Economía) y Microsoft, tanto a nivel de medios de prensa como de la "blogósfera", en algunos casos se ha debatido de manera objetiva, pero hay que reconocer también que en muchos otros se ha hecho de manera pasional y especulativa (entre los cuales me incluyo); estos últimos creo son entendibles, puesto que este acuerdo se ha desarrollado bajo un ambiente de poca claridad y de poca transparencia. Es por eso que quisiera aprovechar este espacio para contextualizar esta situación (de modo un tanto general) y poder debatir más a conciencia.
El pasado 9 de Mayo se firmó un "Acuerdo Marco de Colaboración" entre nuestro Ministerio de Economía, Microsoft Corporation y Microsoft Chile S.A. (
http://www.elfrancotirador.cl/archiv...soft_chile.pdf); en este acuerdo, las partes comprometen una colaboración voluntaria en la concreción de ciertos proyectos dirigidos a distintos frentes sociales como inclusión digital, gestión municipal, capacitación tecnológica, etc. En palabras simples: Microsoft entrega al Gobierno de Chile una propuesta basada en productos y servicios Microsoft para la concreción de dichos proyectos; por su lado, el Gobierno da su conformidad a la oferta de Microsoft y se compromete a actuar en la forma, los medios y las áreas que se estipulan en este acuerdo, en la eventualidad que se lleven adelante estos proyectos. Si bien no se trata de un contrato en el que el Gobierno acepta de manera arbitraria llevar adelante los proyectos ofrecidos por Microsoft, surgen tres situaciones preocupantes en torno a este acuerdo.
1.- Falta de transparencia
Resulta preocupante que este acuerdo, cuyos objetivos nos afectan (para bien o para mal) a todos como ciudadanos, se haya llevado a cabo no sólo a espaldas de la comunidad, sino también a espaldas del propio Poder Legislativo, tal como lo han denunciado el senador Alejandro Navarro y el diputado Roberto Sepúlveda, este último señalando que la Cámara de Diputados sólo tuvo conocimiento de este convenio cuando ya había sido firmado.
Por supuesto que este sigilo da pie a muchas especulaciones. El pasado 10 de Julio la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría un Proyecto de Acuerdo que busca normar el uso de software libre en la Administración Pública. Este proyecto apunta justamente en dirección contraria al acuerdo firmado por el Ministerio de Economía y Microsoft, y se viene discutiendo desde Marzo de este año a iniciativa del diputado Roberto Sepúlveda (RN). Por eso resulta altamente sospechoso que este acuerdo con Microsoft ni siquiera haya pasado por las manos de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso Nacional (de la cual es miembro Sepúlveda), comisión que fue creada justamente para debatir estos temas con la participación de profesionales y especialistas en las respectivas materias.
Resulta también preocupante que este convenio se contradiga con varias iniciativas gubernamentales que apuntan a acortar la brecha digital en sectores con menos recursos y que apuntan además hacia una neutralidad tecnológica. Una de éstas es el programa "EduLinux" del Ministerio de Educación, que apunta a reutilizar equipos computacionales de la red Enlaces en base a GNU/Linux. Resulta también preocupante la conformidad del Gobierno con este acuerdo, que va en sentido contrario a una indicación aprobada durante la discusión presupuestaria del año pasado para diversificar la plataforma informática. La conformidad del Gobierno con este acuerdo apuntaría también en sentido contrario a un estudio técnico comprometido por el gobierno el año pasado para establecer "un conjunto de recomendaciones relacionadas con el uso de plataformas de código abierto en el desarrollo y soporte de sistemas informáticos en las entidades de Gobierno".
2.- Falta de claridad
No están claros los alcances legales de este acuerdo ni por que, como dije anteriormente, se llevó adelante incluso a espaldas de la cámara de Diputados. La falta de transparencia comentada anteriormente, y la aparente ligereza con que el Ministerio de Economía asume los compromisos establecidos en el acuerdo, da pie a muchas preguntas que quedan en el aire:
- Entiendo que la implementación por parte de la Administración Pública de proyectos con las características previstas en el acuerdo está sujeta a procesos de licitación; ¿permitirá este acuerdo saltarse a Microsoft este requisito?.
- ¿En qué posición queda Microsoft respecto a otras empresas para eventuales procesos de licitación?.
- En la eventualidad de que otras empresas presenten proyectos de similares características a los establecidos en este acuerdo (e incluso mejores), ¿tendrán las mismas oportunidades para firmar acuerdos de colaboración con el Gobierno, o microsoft a adquirido una posición privilegiada?. Esta pregunta resulta válidad si recordamos que anteriormente el Gobierno hizo "vista gorda" al proyecto "Mi Primer PC, pero de Verdad", presentado como alternativa al programa "Mi Primer PC" (avalado por el Gobierno y que cuenta con Microsoft entre sus impulsores), aún cuando el proyecto alternativo presentaba iguales o mejores beneficios que "Mi Primer PC".
3.- Inconveniencia de los proyectos definidos
Los proyectos establecidos en el acuerdo implican el uso de softwares privativos y, en consecuencia, el uso de formatos cerrados para los documentos. Existen fundadas argumentaciones que explican el por qué esta situación no puede ser una opción para las Administraciones Públicas (entre ellas la neutralidad tecnológica). Así lo han entendido en el parlamento francés, que a partir de mediados del 2008 todos sus ordenadores usarán software libre, teniendo Kununtu como sistema operativo base. Así lo ha entendido el gobierno de Japón, que adoptará el uso de estándares abiertos de software en ministerior y agencias gubernamentales. Así lo han entendido también en la Junta de Extremadura (España), quienes han migrado toda la administración a GNU/Linux y adoptado el estándar Open Document como formato oficial de intercambio de información. Así lo han entendido también las autoridades de la ciudad de Groningen (Holanda), quienes desde el año pasado han migrado sus sistemas a la suite ofimática OpenOffice.org, iniciando así un paulatino proceso de desvinculación con Microsoft, teniendo como meta final la adopción del sistema GNU/Linux. Así lo han entendido también en el parlamento italiano, quienes en Septiembre iniciarán un proceso de mkigración a Suse Linux. Y así con varios casos más.
Por el momento no quisiera ahondar con más detalle estas argumentaciones, puesto que requiere un tratamiento especial. Hace algunos años atrás se presentó en Perú un Proyecto de Ley para normar el uso de software libre en la Administración Pública de dicho país (que finalmente fue rechazada por aparentes presiones políticas, pero ese es tema aparte). En dicha oportunidad, el congresista Edgar Villanueva (uno de los impulsores del proyecto) envió una carta/respuesta al gerente general de Microsoft Perú, donde se explican los argumentos tomados en cuenta para esta iniciativa. el documento aún se encuentra disponible en línea [
http://www.gnu.org.pe/rescon.html], por lo que sugiero su lectura.
